Diego Cadena mal, la Corte también.

 

Por:  Onasis Miguel González Muñoz.  Abogado con posgrado en derecho Administrativo, Gerencia ambiental, docente universitario coaching y estudios en pensamiento crítico.

 

Las noticias y las redes sociales por el pasionismo muchas veces desvian los proceso con presiones mediáticas del derecho, quedando la jurisprudencia rezagada ante la verdad, ganando la presión social, que no es más que un cúmulo de doctrinas de los distintos pensamientos de derecha o izquierda.

Diego mal.

Hay que reconocer que el abogado Diego Cadena, quizás puede ser habilidoso en contactos para así darle resultados a sus clientes, porque en colombia reina el abogado que tenga mejores relaciones que ley en la cabeza.

No me cabe duda que su torpeza de buscar ayudar terminó enredando; Violando sus obligaciones éticas con una mala conducta al decir que dio ayudas humanitarias a un delincuente, con una cifra sospechosa; que denunció ante una notaría su temor por la vida ¡qué desfachatez de abogado! este es el riesgo que cometió Uribe en darle poder a una persona que él no conocía.

Este abogado ahora tiene que demostrar que él a su prohijado le notificó todos sus actos de lo contrario estaría violando el estatuto del abogado decreto 196 del 1971 y el código disciplinario del abogado ley 1123 del 2007 lo que le permitira a Uribe demostrar su inocencia en el proceso por soborno de testigo.

La Corte mal.

Es evidente un proceder político más no jurídico. La corte constitucional mediante sentencia C-954 del 2014 amparada en el artículo 250 de la constitución política de Colombia legitíma los procedimientos de interceptaciones establecidas en la ley 906 de 2004 y ley 1621 de 2013, al igual que lo establecido en algunos instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran la mencionada garantía constitucional, como son: (i) La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12; (ii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17.1; (iii) La Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 11.2 prevé: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, no de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Con el análisis de este argumento jurídico la Corte, no puede validar pruebas que fueron obtenidas de manera fraudulenta.  La orden decía que se debía interceptar el número de Nilton Córdoba, Representante a la Cámara del choco y terminaron perfilando el de Álvaro Uribe Vélez sin orden especifica como lo establece la ley 1621 donde dice que se debe mostrar previamente los motivos necesarios para vigilar los procederes de una persona.  Aquí la Corte actuó con dolo y obliga al delito de concierto para delinquir y violación ilícita de más de 27 mil audios ilegales que analizó la corte.

Queda en evidencia que la actuación no es en derecho, de la cuestionada Corte Suprema de justicia, que dejó en libertad a Jesús Santrich, que no avanza investigación de odebrecht, que está desprestigiada por el Cartel de la Toga, que proyectó, debatió y analizó una sentencia de más de 1.500 páginas en poquito tiempo, que se negó a escuchar las confesiones de Ñoño Elías contra el presidente Santos, que no tuvo en cuenta las acusaciones de “mono leche” y 10 paramilitares más contra Cepeda.

Por Dios, hasta dónde se piensa llegar con la mal llamada justicia de los malos en libertad y los buenos encarcelados. La justicia no puede ser una herramienta política de los distintos partidos, la justicia debe ser diáfana para preservar el orden y la democracia no un castillo de naipes.

onasismiguel@gmail.com.

Foto Portada:  Colprensa.